Un análisis realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) muestra cinco cuestiones relacionadas con la vida reproductiva de las mujeres que el Estado debe atender para garantizarles seguridad y justicia.
Actualmente y desde hace muchos años, las mujeres se enfrentan cotidianamente a una realidad que las coloca, sin razón alguna, en una posición desventajosa frente a la sociedad, como la falta de acceso a seguridad social, criminalización para quienes deciden abortar, violencia obstétrica y las fallas estructurales del sistema de salud, por ejemplo.
Por tal razón se elaboró el informe llamado La pieza faltante. Justicia Reproductiva, donde GIRE aborda cinco problemáticas “cuya atención es urgente para avanzar hacia la justicia reproductiva de las mujeres”, lo cuales son: embarazo adolescente, penalización del aborto, violencia obstétrica, muerte materna y seguridad social incompleta.
Embarazo adolescente
Durante 2017 el INEGI registró en México 9 mil 748 casos de mujeres embarazadas menores de 15 años, y 380 mil 341 entre 15 y 19 años; cifra que cobra relevancia al notar que el embarazo adolescente es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años.
Según GIRE, el embarazo adolescente puede tener relación con “con los altos índices de violencia sexual y falta de acceso a servicios como el aborto, así como la escasa información y nulo acceso a anticonceptivos para todas las personas”.
Además, propone que para combatir los altos índices de embarazo adolescente se requieren medidas integrales que reconozcan el carácter multifactorial del fenómeno, como la prevención y atención de la violencia sexual, y el acceso a métodos anticonceptivos.
Penalización del aborto
A excepción de la Ciudad de México, en todo el país solo se puede acceder al aborto en casos de violación o por ciertas causales como riesgo a la salud o alteraciones graves en el producto, lo cual representa un tema de discriminación jurídica, pues las mujeres deben de tener derecho de acceder a un aborto legal por decisión propia, sea cual sea la situación.
Inclusive, existen estados que castigan el aborto con condenas de cárcel de hasta 5 años son, como Baja California, Morelos, Puebla, Oaxaca, Sonora y Tamaulipas.
Urge una política que despenalice el aborto y que haga este un tema prioritario para el Estado, principalmente “para aquellas mujeres que enfrentan mayores condiciones de marginalidad y las consecuencias de un Estado que las persigue o las deja morir”, asevera GIRE.
Violencia obstétrica
Según cifras de la ENDIREH 2016, en México, entre el año 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres que tuvieron un parto sufrieron maltrato por parte de quienes las atendieron, y el 13.1% recibieron anticoncepción o esterilización forzada.
Las principales expresiones de la violencia obstétrica son gritos o regaños, retraso en la atención, presión para aceptar un método anticonceptivo, anestesia denegada, firma involuntaria de papeles y que la madre sea aislada de su bebé por más de 5 horas.
Para dar solución a este problema, GIRE propone la implementación de legislación y políticas públicas que permitan a las mujeres acceder a servicios de salud de calidad, así como la creación de mecanismos para acceder a la justicia y a una reparación integral ante violaciones a derechos humanos.
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Muerte materna
En México, entre el 2012 y 2016, fallecieron 4 mil 283 mujeres por causas prevenibles tanto en el embarazo, como en el parto y posparto. Las muertes maternas se deben a causas relacionadas con fallas estructurales en el sistema de salud, como la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y de infraestructura.
Según cifras del Subsistema de Información sobre Nacimientos en 2015, las dependencias médicas con más casos de muerte materna fueron el Seguro Popular (53.7 %), el IMSS (22.6 %) y el ISSSTE (3.6 %), y los estados con mayor número de casos, en 2016, fueron Campeche, CDMX, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca.
Para GIRE, es prioritario que el Estado garantice el acceso universal a servicios de salud obstétrica de calidad para las mujeres sin importar su derechohabiencia u origen además de asegurarse de que el personal médico respete el marco normativo vigente en materia de atención del embarazo, parto y posparto.
Seguridad social incompleta
En México, el acceso a la seguridad social está condicionado a que las personas cuenten con un trabajo formal, lo que es un problema en un país donde el 59.1% de los habitantes están empleadas de manera informal, situación que se complica para las mujeres cuando 29 de cada 100 de ellas ocupadas pertenecen a este sector.
Para GIRE, es necesario constituir un sistema de seguridad social universal que abarque a todas las personas trabajadoras, tanto en esquemas de trabajo formal como informal, además de eliminar las disposiciones discriminatorias de la legislación hacia grupos particulares, para proporcionar el acceso a la seguridad social a todos y todas las mexicanas.
El informe La pieza faltante. Justicia Reproductiva de GIRE se sustenta en datos obtenidos mediante mil 856 solicitudes de acceso a la información del periodo 2012 a 2017.
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