Casi 200 organizaciones e instituciones se niegan a la Ley General de Biodiversidad
Ante la polémica de Ley General de Biodiversidad, ONGs buscan derogar esta propuesta que, asumen, tiene intereses particulares.
Más de 200 organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos, académicas y gubernamentales forman la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, la cual está en contra de la aprobación de dicha legislación por múltiples deficiencias.
La iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México, es acusada de tener intereses particulares de industrias como la farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial.
Fast Track: Se aprueba, luego se discute
De acuerdo a declaraciones de Adelita San Vicente Tello, Directora de la Fundación Semillas de Vida, “el pasado 22 de marzo, los integrantes del PVEM y del PRI en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), presididos por el diputado Arturo Álvarez Angli, pretendieron simular la “aprobación” del proyecto de la Ley General de Biodiversidad durante una reunión que no cumplió con el quórum necesario.
¿Conoces la Ley General de Biodiversidad?
Viola nuestros derechos humanos y pone en peligro a las especies y nuestro entorno, así como el futuro de nuestro país. Conoce de qué se trata👇🏻👇🏻#AltoLeyBiodiversidad pic.twitter.com/li89ihcMVK
— Cencos (@cencos) April 3, 2018
En esta asamblea sólo asistieron 15 legisladores cuando se requieren 16 presentes (la mitad de los 30 integrantes más uno), para cumplir con el reglamento de la Cámara. Participaron, además del presidente, los diputados Ignacio Pichardo, Andrés Aguirre, Rubí Cardoso, Alberto Mata, Juan Antonio Meléndez, Elizabeth Ramírez, Ariel Burgos Ochoa, Perla Pérez Reyes, Miguel Ramírez, Vanessa Ruíz, Miguel Sulub Caamal y Yarith Tannos Cruz del PRI, y Alma Lucía Arzaluz Alonso y Octavio Herrera Borunda, del PVEM.
Por esto se les acusa de intentar aprobar ilegalmente la minuta de la LGB, sin haber dado respuesta a la petición formal realizada por la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas y Forestales (MOCAF) para que se someta a Consulta con las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Cambio Climáticoque serían directamente afectadas por esta medida legislativa.
Asimismo, el pasado 27 de marzo el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que la LGB sea sometida a un verdadero proceso de consulta con los pueblos y comunidades.
¿Cuáles son las objeciones a la ley?
La Ley General de Biodiversidad (LGB) “abre la puerta” a la violación de derechos humanos e indígenas, además de vulnerar ecosistemas y especies ya amenazadas. De acuerdo a expertos de organizaciones como la Red Nacional Indígena, Greenpeace México y su Coalición Ciudadana, partidos de oposición, académicos y personalidades como Rubén Albarrán y Sergio Arau
En primer lugar, los críticos señalan que al abrogar las leyes vigentes, la iniciativa le ofrece un cheque en blanco a las industrias de la minería y el fracking para la explotación de recursos naturales en las tan codiciadas Áreas Naturales Protegidas (ANP). Esto se debe a la permisividad de la legislación, su lenguaje ambiguo y sus omisiones, tal y como fue enviada a la Cámara de Diputados.
También advierten que la iniciativa no promueve la protección de los recursos genéticos sino promueve su mercantilización, ya que la seguridad jurídica que brinda el Protocolo de Nagoya es para los usuarios de estos recursos, es decir, las empresas de biotecnología y farmacéuticas que anhelan la dominación por medio del patentamiento.
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